El abogado que representa a los vecinos que impulsaron la medida judicial reafirmó que el servicio está suspendido y que el Municipio no acató esta determinación. Habría imputados.
El servicio de estacionamiento medido de la ciudad de La Rioja se encuentra judicializado desde hace ya varios meses y esta situación genera desde entonces confusión e incertidumbre en los usuarios que no saben a ciencia cierta si el servicio está vigente o no.
Dentro de esta situación, el abogado local Matías Cucco, que representa a los vecinos que presentaron un amparo colectivo para solicitar la suspensión del servicio de estacionamiento medido, brindó detalles respecto a la situación judicial en torno a este conflicto y dijo que la Justicia “imputó penalmente” a la intendenta Inés Brizuela y Doria y también a dos gerentes de la empresa concesionaria Estacionalo.
El abogado sostuvo que legalmente el servicio de estacionamiento medido está suspendido por una medida del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pero que pese a eso la empresa “sigue cobrando e incumpliendo con la orden de la Justicia. Por eso se realizaron denuncias penales. Están imputados penalmente por la Justicia la Intendenta por incumplimiento de los deberes de funcionario y desobediencia a la autoridad y también dos gerentes de la empresa por desobediencia a la autoridad”.
Cucco agregó que estar imputado “significa que ante la denuncia que se realizó, la Justicia considera que existe la posibilidad de que se haya producido un delito y a partir de eso comienza una investigación”. “Si se reúnen pruebas suficientes para considerar una posibilidad de más de un 50% de que sea verídico lo que se denuncia se pasa luego al procesamiento que es otra etapa. Por ahora están imputados y se está investigando”, amplió en declaraciones a Rioja Virtual radio.
El letrado precisó asimismo que las denuncias penales contra Brizuela y Doria y los gerentes de Estacionalo están realizadas en el Juzgado de Instrucción N° 3. “Hemos pedido informes al TSJ para que informe sobre la medida y a partir de ahí analizar si existe una orden válida y si esa orden ha sido respetada o no. Si no se respetó se configura el delito de desobediencia a la autoridad”, explicó.
A su vez, informó que el paso siguiente de sus representados será pedir la clausura de la empresa y el pago de una multa “por cada día que pase por el incumplimiento y a partir de la fecha de notificación que es el 7 de diciembre de 2022”.
Cucco agregó que ante este escenario, hay usuarios que pagan el servicio y otros que si lo hacen. “A quienes no pagan se les hacen multas y luego deben ir a hacer el descargo al Juzgado de Faltas o bien a pagarlas. El tema es que pagar la multa es pagar algo que no está legitimado. La empresa no está facultada para cobrar y el servicio tendría que estar suspendido. Vamos a pedir toda la severidad y que se clausure la empresa”, remarcó.