Anticipándose al «caos» que se avecina, el Gobierno desplegó 24.000 agentes en la frontera para acelerar la atención a los migrantes.
Estados Unidos promulgó una nueva norma para restringir el acceso al asilo en la frontera, horas antes de que expire una política de la era Trump conocida como Título 42, una regla impuesta en pandemia para hacer expulsiones rápidas.
Anticipándose al «caos» que se avecina, el Gobierno desplegó 24.000 agentes en la frontera para acelerar la atención a los migrantes que tomen «vías legales» para entrar al país y expulsar a aquellos que no cumplan con los requisitos.
Funcionarios del Gobierno estadounidense describieron la nueva medida como un «plan integral, multiagencia, multipaís» para gestionar «humanamente» la frontera.
Uno de los funcionarios explicó que serán aptos para solicitar asilo aquellos migrantes que previamente hayan pedido su admisión a través de la aplicación CBP One App., o hayan pedido protección en un tercer país y, además, hayan cruzado por un puerto de entrada legítima.
Serán tenidos en cuenta aquellos que demuestren haber encontrado barreras tecnológicas o de lenguaje para usar la aplicación.
Aquellos que no sigan esos pasos serán deportados de inmediato, se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante cinco años y podrán enfrentar cargos penales si intentan volver al país.
Otras medidas en relación a los migrantes
Como parte de esta medida, Estados Unidos tiene previsto abrir más de 100 centros regionales de tramitación de asilo en toda América Latina.
Las personas que quieran solicitar asilo podrán obtener un turno en línea para una entrevista en alguno de esos centros, ubicados «cerca de ellos y en muchos casos dentro de sus países», explicó un funcionario sin precisar el tiempo de respuesta para las citas ni cuánto puede durar el proceso.
Al ser consultados sobre la eficacia de los centros para calmar la oleada migratoria que se anticipa con el fin del Título 42, el funcionario aseguró que esta no será la única medida para facilitar la migración legal.
Además, recordó que en los últimos dos años el Gobierno ya había desplegado más de 1.400 trabajadores sanitarios en la zona, aumentado en más de 7.000 camas la capacidad de los centros de detención de la patrulla fronteriza e incrementaron la capacidad de los vuelos de repatriación en más de un 70%.