El Gobierno de La Rioja expresó su desacuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional de reducir la edad de imputabilidad a 13 años. El gobierno provincial subrayó la necesidad de actualizar y profundizar el debate sobre la ley vigente, pero de una manera que no sea regresiva en términos de derechos humanos para niños y adolescentes.
«Reconocemos que se debe actualizar y profundizar el debate sobre la ley vigente y elaborar una legislación nueva,» afirmaron desde la provincia, y subrayaron que esta nueva legislación debe «tener una concordancia con los estándares de las convenciones respectivas y establezca un fuero penal específico para la franja de 16 años a 18 años, diferenciado del régimen penal para adultos».
El gobierno riojano destacó que las estadísticas nacionales, regionales y provinciales muestran que la incidencia de hechos de violencia graves o gravísimos cometidos por niños menores de 16 años es «muy baja y perfectamente tratable por dispositivos de abordaje y respetuoso. En este sentido, la administración provincial considera que endurecer el código penal y criminalizar a personas de menor edad no es «preventivo, ni disuasivo, ni proactivo, en la lucha contra la violencia, la inseguridad y el delito».
Desde una perspectiva humanista y social, el gobierno de La Rioja sostiene que «los niños y las niñas deben estar en la familia, la escuela, el barrio, el deporte y los centros culturales y artísticos», siendo asistidos por el Estado de manera creativa y efectiva. La reciente reforma constitucional de la provincia incluye un artículo que establece una renta básica universal para garantizar que todos los habitantes de La Rioja tengan acceso a salud, alimentación y educación, con «garantías constitucionales y legales».
El comunicado enfatiza que la violencia social, y en particular la de las infancias, no se erradica con procesos penales inadecuados e invasivos para ciertas edades. «Consideramos que la violencia social y, de las infancias en particular, no se erradica con procesos penales inadecuados e invasivos para ciertas edades, ni metiendo presos a niñeces violentadas previamente por un sistema que margina, ultraja y excluye», señala el documento.
Para abordar estos problemas, el gobierno provincial aboga por «fortalecer un Estado presente, con presupuesto acorde y efectivo, que proteja, acompañe y restaure la dignidad de nuestras niñeces y la paz social». En este contexto, reitera su firme oposición a la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años: «Pondremos todo nuestro empeño y desvelo institucional y legal. Bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, no».