Desde el 3 de abril del 2002 que no se sabe nada. Pasaron 21 años desde que a María de los Ángeles “Marita” Verón, se la vio por ultima vez y nunca más se supo que paso con ella. Hoy a más de dos décadas la Justicia dictó condenas y dispuso absoluciones, pero aún no logró descubrir el paradero actual de la joven que fue raptada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando tenía 22 años.
Desde el día en que Marita desapareció, su madre Susana Trimarco llevó adelante, en soledad, una investigación que permitió a la Justicia arribar a la conclusión de que la joven había sido captada por una red de trata de personas, que operaba en La Rioja con fines de explotación sexual.
Esa red estaba vinculada con el clan Ale, un grupo delictivo de Tucumán, según lo recolectado por la investigación judicial.
En 2012, el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez elevó a juicio la causa contra 13 acusados por el secuestro de Marita: los hermanos María Jesús y Víctor Rivero -vinculados al clan Ale -; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina; los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.
Durante ese año se desarrolló el juicio oral, que culminó en diciembre con la absolución de todos los imputados.
A finales de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije una pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero, y Medina había fallecido.
Así, la justicia consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de la joven a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González (18 años).
También se condenó como partícipes necesarios a Luna y Andrada (17 años); Márquez (15 años); Derobertis (12), Bustos y Gaitán (10 años).
La sentencia no quedó firme, por lo que a finales de abril de 2017, la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir su pena.