La investigación por presunto espionaje en un complejo de departamentos avanza con allanamientos y el testimonio de más víctimas. La jueza Gisela Flamini confirmó el secuestro de computadoras, una filmadora y cajas con CDs que podrían contener material clave. Una joven relató cómo halló dispositivos ocultos en su dormitorio y baño.
La causa por presunto espionaje y grabaciones clandestinas en un complejo de departamentos de la ciudad de La Rioja sumó nuevas pruebas este miércoles, luego de un operativo judicial que permitió secuestrar dos cajas con cerca de 200 CDs, varias computadoras y una filmadora. Así lo confirmó la jueza Gisela Flamini, a cargo del Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2, quien dirige la investigación.
El caso se inició a comienzos de esta semana, cuando una joven denunció haber encontrado cámaras ocultas en su vivienda. La gravedad del hecho motivó que otras dos mujeres se presentaran ante la Justicia, al detectar situaciones similares en sus unidades dentro del mismo complejo.
A partir de estas denuncias, se ordenaron allanamientos en distintas residencias del predio con el objetivo de resguardar todos los dispositivos electrónicos que pudieran aportar información a la causa. El material secuestrado será ahora analizado para determinar si contiene registros vinculados al presunto espionaje.
En las últimas horas, otra de las víctimas, identificada como Milagros, brindó su testimonio y expuso la vulneración a su intimidad. La joven relató que en su departamento también encontró una cámara oculta: “Tenía una cámara en mi dormitorio y había un cableado en el baño”, aseguró.
Además, señaló que el propietario del complejo —un hombre de entre 40 y 45 años que residía en el lugar junto a su familia— les había alquilado las unidades bajo el argumento de que se trataba de un espacio exclusivo para mujeres. Esto generó aún más preocupación entre las inquilinas, quienes temen que haya más damnificadas.
La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales mientras se analizan los dispositivos incautados, que podrían ser clave para esclarecer el alcance del delito y determinar responsabilidades.