En una decisión que generó fuerte impacto internacional, el gobierno de Javier Milei votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que buscaba declarar a la esclavitud y la trata transatlántica como el crimen más grave contra la humanidad.
La iniciativa, impulsada por países africanos y respaldada por la Unión Africana, proponía además avanzar en medidas de reparación histórica, incluyendo disculpas oficiales, compensaciones económicas y restitución de bienes culturales.
El dato político es contundente: de los 193 países miembros, 123 apoyaron la resolución y 52 optaron por abstenerse. Argentina, en cambio, quedó dentro de un grupo reducido de apenas tres países que votaron en contra, junto a Estados Unidos e Israel.
La postura marca un giro en la política exterior argentina en materia de derechos humanos, un terreno donde históricamente el país había sostenido posiciones de consenso internacional. La decisión también implica rechazar el reconocimiento de la esclavitud como el delito más grave y desestimar la necesidad de políticas globales de reparación.
Desde distintos sectores, la votación fue interpretada como un alineamiento geopolítico que deja a Argentina en una posición de aislamiento en el escenario internacional, especialmente en un tema sensible vinculado a la memoria histórica y la lucha contra el racismo.
La resolución buscaba, además, reforzar el compromiso de los Estados en la erradicación de las consecuencias actuales de la esclavitud, un punto que finalmente no contó con el respaldo argentino.