El Gobierno celebró la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares y la presentó como un punto de inflexión en su política productiva, al sostener que la nueva normativa “devuelve a las provincias un rol central” y consolida lo que definió como un “verdadero federalismo ambiental”.
A través de un comunicado oficial, la administración de Javier Milei defendió los cambios al considerar que corrigen distorsiones del esquema vigente y responden a un reclamo histórico de las provincias mineras, especialmente las vinculadas al litio y al cobre. En esa línea, el Ejecutivo planteó que la reforma permite compatibilizar el cuidado de los recursos naturales con el desarrollo económico.
El núcleo de la modificación pasa por redefinir los criterios de protección: a partir de ahora, serán las provincias las que tendrán mayor capacidad para determinar qué áreas deben preservarse según su función hídrica y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas.
Desde el oficialismo aseguran que este cambio no implica desprotección ambiental, sino una administración “más eficiente y realista” de los recursos, en línea con la necesidad de atraer inversiones en sectores estratégicos como la minería.
Sin embargo, la reforma llega en medio de un fuerte debate político y social. Sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica advierten que el nuevo esquema puede debilitar los estándares de protección y abrir la puerta a la expansión de actividades extractivas en zonas sensibles.
Incluso, ya anticipan posibles presentaciones judiciales y cuestionamientos sobre el proceso de discusión legislativa, al que consideran limitado en términos de participación ciudadana.
Con este movimiento, el Gobierno no solo busca dinamizar la economía a través de la minería, sino también instalar una lógica política más amplia: transferir poder a las provincias y redefinir el equilibrio entre desarrollo y ambiente. El impacto real de esa apuesta, sin embargo, empezará a medirse cuando la ley baje al territorio y se traduzca en decisiones concretas.