La universidad pública, la marcha y contramarcha

por Heber Sirerol, Politólogo

El caso riojano: cuando el ego rompe el mensaje

En La Rioja la movilización tuvo una particularidad interesante. La convocatoria fue impulsada institucionalmente por las universidades nacionales y se extendió a todos los sectores sociales y políticos, incluido el propio gobernador Ricardo Quintela. La invitación incluyó sindicatos, organizaciones sociales, espacios partidarios, la central obrera y distintos actores de la comunidad. La lógica era clara: la defensa de la universidad pública debía estar por encima de cualquier diferencia sectorial.

Y justamente por eso resultó tan llamativo —y tan desafortunado— lo que ocurrió con convocatoria y la movilización.

Un sector político interno, enfrentado con la conducción universitaria, en particular con la Rectora de la Institución Dra Natalia Albarez Gómez, decidió romper la marcha convocando en otro lugar para marchar por separado. Tal vez en el intento de mostrar volumen político propio. Tal vez buscando marcar territorio. O quizá simplemente presos de esa lógica pequeña que a veces convierte cualquier causa colectiva en una competencia de egos.

El problema es que cuando alguien organiza una marcha universitaria paralela para exhibirse, no está dañando a otro sector político. Está debilitando el sentido mismo de la convocatoria a marchar por el financiamiento universitario, a la causa misma de la movilización.

Porque la universidad pública es mucho más grande que cualquier agrupación. Mucho más importante que cualquier interna. Mucho más trascendente que la necesidad adolescente de mostrar fuerza en una foto o intentar apropiarse de una bandera que pertenece desde hace muchos años a toda la sociedad.

Y ahí aparece el verdadero error político: no haber entendido el mensaje de época. No haber interpretado lo importante: los docentes y sus salarios, los no docentes, los investigadores, los alumnos y toda la comunidad universitaria. La ciudadanía no esperaba una demostración de músculo partidario. Esperaba unidad frente a un problema concreto. Esperaba madurez. Esperaba que quienes forman de la política o parte del universo universitario estuvieran a la altura del momento histórico.

Romper una marcha que intentaba representar a todos termina enviando un mensaje profundamente equivocado hacia afuera. Uno que alimenta el descreimiento social sobre la política, incluso dentro de espacios que deberían ser ejemplo de construcción colectiva y pensamiento crítico.

La universidad pública necesita financiamiento, sí. Pero también necesita dirigentes capaces de comprender que hay momentos donde el protagonismo individual debe correrse para que aparezca la causa común.

Y quizás esa sea la principal enseñanza de esta nueva Marcha Federal Universitaria: mientras una enorme parte de la sociedad entendió la dimensión histórica del reclamo, algunos todavía siguen atrapados en la pequeñez de sus propias miserias políticas.

LA UNIVERSIDAD DE TODOS


Hay imágenes que exceden la coyuntura política. La Marcha Federal Universitaria volvió a demostrar que, en Argentina, la universidad pública no es solamente un ámbito académico: es una identidad colectiva, una idea de movilidad social y una bandera profundamente arraigada en la sociedad. Lo que ocurrió ayer en las calles del país fue mucho más que una protesta sectorial. Fue una advertencia política y cultural.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la convocatoria volvió a ser multitudinaria. Docentes, estudiantes, rectores, trabajadores no docentes, sindicatos, organizaciones sociales y miles de ciudadanos sin pertenencia partidaria confluyeron detrás de una consigna sencilla: defender el financiamiento universitario y exigir que el Poder Ejecutivo cumpla una ley votada y ratificada por el Congreso Nacional. La escena se replicó en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata y distintas ciudades del interior. La universidad volvió a transformarse en un punto de encuentro social frente a un ajuste que ya dejó de discutirse solamente en términos económicos y empezó a discutirse en términos humanos.

El conflicto tiene un núcleo concreto. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente reafirmada por ambas cámaras legislativas. Aun así, el Ejecutivo continúa resistiendo su aplicación efectiva y llevó la disputa a la Justicia y luego a la Corte Suprema. Mientras tanto, las universidades denuncian pérdida salarial, deterioro operativo y paralización de áreas sensibles, incluyendo hospitales universitarios.

El Gobierno sostiene que cumplir plenamente la norma comprometería el equilibrio fiscal. Las universidades responden que el ajuste está comprometiendo el funcionamiento mismo del sistema educativo y científico argentino. Y en el medio queda una sociedad que, incluso atravesada por desencantos políticos y crisis económicas recurrentes, sigue considerando a la universidad pública como uno de los pocos consensos verdaderamente nacionales.

Porque la universidad pública argentina no representa solamente aulas. Representa historias familiares enteras. Representa al hijo de un trabajador que llegó a médico, al interior profundo que encontró oportunidades, a la ciencia nacional, a la investigación, al ascenso social. Por eso cada vez que el sistema universitario entra en crisis, la discusión desborda rápidamente los pasillos académicos y se instala en el corazón mismo de la política.