El Gobierno de La Rioja ratificó su decisión de avanzar en una reestructuración ordenada y sostenible de la deuda con bonistas, al tiempo que buscó despejar incertidumbres generadas en los últimos días por versiones difundidas en medios nacionales e internacionales.
En una conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, junto al ministro de Hacienda, Fabián Blanco, el secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, y el ministro de Industria, Federico Bazán, se llevó tranquilidad a la sociedad riojana al descartar de manera categórica cualquier posibilidad de ejecución sobre activos estratégicos de la provincia.
“El Banco de La Rioja y el Parque Eólico no están en riesgo”, aseguró Luna Corzo, al referirse al proceso judicial en curso en tribunales de Nueva York vinculado al bono verde.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la prioridad es cuidar los intereses de la provincia, garantizando el normal funcionamiento del Estado. En ese sentido, subrayaron que la reestructuración en marcha busca compatibilizar el cumplimiento de los compromisos financieros con el pago de salarios y la continuidad de los servicios esenciales.
“El objetivo es lograr un esquema sustentable, acorde a los ingresos reales de la provincia, que permita cumplir tanto con los trabajadores como con los acreedores, sin poner en riesgo la estabilidad interna”, explicaron.
En esa línea, el Gobierno fue claro al señalar el origen de las dificultades financieras: el incumplimiento del Estado nacional en el envío de fondos extra coparticipables previstos por ley. Según indicaron, esta situación impactó de lleno en las cuentas provinciales y obligó a encarar el proceso de reestructuración de la deuda.
El reclamo ya fue judicializado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras la Provincia continúa sosteniendo su postura de defensa de los recursos que le corresponden.
Con este escenario, desde la administración riojana reafirmaron su voluntad de diálogo con los bonistas, pero con una premisa firme: resguardar los intereses de los riojanos y garantizar el funcionamiento del Estado por encima de cualquier compromiso financiero.