El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió al centro de la escena por una operación inmobiliaria que abre más preguntas que respuestas: la compra de un departamento en Caballito por USD 230.000, financiado en casi su totalidad mediante una hipoteca privada.
El dato no sería, por sí solo, escandaloso. Lo que desata la polémica es quiénes aparecen como acreedoras del crédito: dos mujeres que figuran en los registros oficiales… pero que aseguran no conocer al funcionario.
Un crédito sin banco y con protagonistas fantasma
La operación se firmó en noviembre de 2025. En ese mismo acto, se registró una hipoteca por USD 200.000 —casi el 90% del valor del inmueble— a nombre de dos particulares: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.
Hasta ahí, un esquema poco habitual pero legal.
El problema aparece cuando ambas mujeres son consultadas: las dos niegan haber tenido vínculo alguno con Adorni o participar de la operación.
No es un detalle menor. Es el corazón del problema.
Porque si quienes figuran como prestamistas desconocen el crédito, la pregunta es inevitable:
¿quién financió realmente la compra?
Valores que tampoco cierran
El caso suma otro elemento incómodo. El precio declarado del inmueble —USD 230.000— aparece por debajo de las estimaciones de mercado para esa zona de Caballito, donde valores similares duplican esa cifra.
A eso se le agrega un dato político sensible: la compra se concretó apenas semanas después de que Adorni asumiera como jefe de Gabinete, en pleno salto a la primera línea del poder.
La combinación es explosiva:
financiamiento poco claro, valuación discutida y timing político.
La Justicia ya mira
El tema dejó de ser solo mediático. La Justicia federal ya analiza la evolución patrimonial del funcionario en una causa que investiga posibles inconsistencias en sus bienes y movimientos financieros.
En paralelo, desde el entorno de Adorni insisten en que no hay irregularidades y que su patrimonio proviene de su actividad privada, una explicación que el propio funcionario repitió públicamente en los últimos días.
Pero el problema no es solo jurídico. Es político.