Por Heber Sirerol, Politólogo.
Hay algo profundamente equivocado en la discusión política argentina.
Mientras millones de personas intentan resolver cómo pagar la luz, el gas, el alquiler, la cuota del préstamo, los medicamentos o simplemente llegar a fin de mes, buena parte del debate público parece concentrarse en otra cosa: determinar qué espacio político es más corrupto que el otro.

No cómo generar empleo.
No cómo mejorar salarios.
No cómo fortalecer la salud pública.
No cómo ayudar a las familias que cada mes hacen malabares para sostener su economía doméstica.
La discusión gira alrededor de los carpetazos.
Lo estamos viendo una vez más con los casos que ocupan la agenda nacional. Las investigaciones vinculadas al vocero presidencial Manuel Adorni y la difusión de nuevos videos relacionados con el exfuncionario Martín Insaurralde volvieron a instalar el tema de la corrupción en el centro de la escena pública.
Sin embargo, la reacción de muchos dirigentes y militantes no fue exigir explicaciones ni reclamar transparencia.
La reacción fue comparar.
Si aparecen cuestionamientos sobre Adorni, inmediatamente surgen referencias a Insaurralde. Si aparecen evidencias sobre Insaurralde, aparecen denuncias contra funcionarios libertarios. Y así sucesivamente. Ojo, también pasa en los grupos de amigos, trabajo, etc. La defensa de posturas, hace que pierdan la lógica en manos del fanatismo.
La corrupción deja de analizarse como un problema institucional para transformarse en una competencia política.
Parece que ya no importa la gravedad de los hechos, importa quién los protagoniza.
Ya no importa la verdad, lo que importa es la conveniencia.
El problema es que esa lógica no beneficia a nadie. Pierde la política.
Porque si un funcionario cometió delitos, debe responder ante la Justicia, y si otro funcionario también los cometió, debe responder exactamente de la misma manera.
La corrupción no se compensa ni se neutraliza. No desaparece porque exista otro caso peor.
La corrupción debe investigarse y sancionarse siempre, venga de donde venga, con todas las garantías del debido proceso y con una Justicia que actúe con imparcialidad.
Y la conclusión es inevitable.
“Son todos iguales.”
Quizás sea una conclusión injusta.
Pero mientras la política transforma estos episodios en una guerra de carpetazos, los problemas reales desaparecen de la conversación pública.
La madre que no consigue un remedio no encuentra respuestas en esa discusión, el trabajador que teme perder su empleo tampoco, el comerciante que ve caer las ventas, el jubilado que no llega a cubrir sus gastos y la familia que acumula deudas para sostener el consumo básico, etc.
Ninguno de ellos mejora su situación porque un dirigente logre demostrar que el adversario robó más.
Sin embargo, horas y horas de televisión, miles de publicaciones en redes sociales y enormes esfuerzos políticos se destinan a sostener una discusión que no resuelve absolutamente nada de la vida cotidiana.
Peor aún, esta dinámica termina destruyendo la credibilidad de todo el sistema político.
Porque el ciudadano común observa cómo unos justifican a los propios señalando los errores ajenos, mientras los otros hacen exactamente lo mismo cuando cambian los roles.
Y la conclusión es inevitable.
“Son todos iguales.”
Quizás sea una conclusión injusta.
Pero es una conclusión que parte importante, no todos, pero la propia dirigencia ayuda a construir todos los días.
En lugar de elevar la calidad de la discusión pública, la rebaja, erosiona la confianza y en lugar de acercar a la ciudadanía a la política, la aleja. Una sociedad que deja de creer en la política termina debilitando una de las herramientas más importantes para transformar la realidad.
EL ASUETO
La decisión del gobernador Ricardo Quintela de otorgar un asueto administrativo excepcional tras la consagración de la Selección Argentina generó opiniones diversas. Es legítimo que existan diferencias. La política también consiste en debatir.

Sin embargo, llamó la atención que distintos organismos y áreas decidieran no adherir a una medida impulsada por el propio Poder Ejecutivo provincial, aun cuando se habían garantizado los servicios esenciales y el funcionamiento de sectores sensibles del Estado.
Más llamativo todavía fue observar cómo algunos dirigentes eligieron tomar distancia de la decisión.
Pocos fueron los que la defendieron públicamente.
Menos aún los que la respaldaron en privado.
Muchos optaron por el silencio.
Y otros directamente cuestionaron la medida en conversaciones reservadas mientras evitaban expresar una posición clara hacia afuera.
Es una actitud que merece una reflexión política.
Cuando las críticas externas caen sobre una decisión de gobierno, algunos parecen encontrar una oportunidad para diferenciarse en lugar de fortalecer una posición colectiva.
La búsqueda permanente de perfiles individuales puede terminar debilitando la legitimidad de las decisiones que adopta el propio espacio político y cuando eso ocurre, el ruido interno comienza a pesar más que las demandas de la sociedad.
La política necesita volver a discutir los problemas concretos de la gente.
Necesita menos carpetazos y más propuestas.
Menos especulación y más gestión.
Menos obsesión por demostrar quién es peor y más esfuerzo por demostrar quién puede hacer las cosas mejor.
Porque mientras la dirigencia mide niveles de corrupción comparada, la gente sigue preocupada por cuestiones mucho más urgentes.
Y esas urgencias, el peronismo, no puede dejar que sigan esperando.