La diputada Marcela Pagano llevó el caso a la Justicia y apunta a posibles irregularidades en licitaciones y vínculos empresariales ligados al entorno del jefe de Gabinete.
Una nueva denuncia sacude al Gobierno nacional. La diputada Marcela Pagano presentó una acusación penal para que se investigue al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis.
La presentación judicial pone bajo la lupa una serie de licitaciones vinculadas a servicios de comunicación masiva y un negocio de alto volumen económico en torno a la gestión del predio estatal, ambos desarrollados entre 2025 y 2026.
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a la adjudicación de un contrato por más de 3.650 millones de pesos para servicios de mensajería —incluyendo SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas—. Según el planteo, detrás de ese proceso podrían existir vínculos entre las empresas participantes, lo que pondría en duda la transparencia de la licitación.
El escrito advierte sobre la posible existencia de relaciones societarias entre firmas que compitieron en el mismo proceso, un esquema que, de comprobarse, podría implicar una competencia ficticia para direccionar la contratación. También se mencionan inconsistencias en los valores presentados en distintos llamados, lo que refuerza las sospechas.
Pero el punto más sensible de la denuncia está en la concesión de Tecnópolis, un proceso millonario que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Allí se señala un presunto conflicto de intereses por la relación entre una consultora vinculada a la esposa de Adorni y empresas que participan del proceso.
Según la presentación, existirían conexiones comerciales entre distintos actores involucrados en la licitación, lo que podría configurar un entramado incompatible con la función pública si se comprueba que hubo influencia o beneficio indebido.
En términos judiciales, la denuncia plantea posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si hay elementos suficientes para avanzar en la investigación.
El caso abre un nuevo frente político y vuelve a poner el foco en la transparencia de las contrataciones del Estado, en un contexto donde cada movimiento bajo sospecha tiene impacto directo en la credibilidad del Gobierno.